La nueva normativa prohíbe el trabajo de calle y ordena el cierre de más de 500 bodegas, contradiciendo jurisprudencia de la Corte Constitucional
Bogotá, [fecha] – El decreto 014 de 2025, expedido por la Alcaldía de Bogotá, ha generado una fuerte controversia al prohibir el trabajo de reciclaje en las calles de la ciudad y ordenar el cierre de las bodegas donde se procesan los materiales recuperados. La medida afecta directamente a más de 25.000 familias que dependen del reciclaje como su principal fuente de ingresos y contradice años de jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce esta actividad como trabajo digno.
Prohibición del trabajo de calle y cierre de bodegas
El decreto establece restricciones severas para el ejercicio del reciclaje de oficio, prohibiendo expresamente el trabajo en espacios públicos y ordenando la clausura de las más de 500 bodegas que actualmente funcionan en la ciudad. Estas medidas representan un golpe directo a la cadena productiva del reciclaje inclusivo que durante décadas ha sido reconocida como fundamental para la gestión de residuos en Bogotá.
“Nos están criminalizando por hacer un trabajo que la misma Corte Constitucional ha reconocido como esencial para la ciudad”
Violación a derechos fundamentales reconocidos
La normativa entra en directa contradicción con la sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional, que reconoce a los recicladores como prestadores del servicio público de aseo y ordena su inclusión en el sistema. Posteriormente, múltiples fallos han reiterado el derecho al trabajo digno de esta población y la obligación del Estado de garantizar su participación en el esquema de gestión de residuos.
Impacto ambiental y económico
Los recicladores de oficio recuperan diariamente 1.200 toneladas de materiales en Bogotá, evitando que lleguen al relleno sanitario Doña Juana. Este trabajo representa un ahorro anual de $15 mil millones para la ciudad en costos de disposición final y contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono urbana.
“Estamos hablando de eliminar el modelo más eficiente y económico de gestión de residuos que tiene Bogotá”.
Aumento en la factura de aseo para los ciudadanos
El nuevo modelo propuesto por el decreto privilegia la termovalorización y los parques tecnológicos ambientales, sistemas que requieren mayores inversiones y generan costos más altos para los usuarios. Según análisis técnicos, la implementación de este modelo podría incrementar la factura de aseo hasta en un 30% para las familias bogotanas.
Un modelo excluyente frente a uno inclusivo
El decreto 014 favorece un modelo de gestión de residuos centralizado en grandes empresas, en contraposición al modelo inclusivo que ha caracterizado a Bogotá. La termovalorización, técnica promovida por la nueva normativa, ha sido cuestionada en múltiples países por sus impactos ambientales negativos y su incompatibilidad con los principios de economía circular.
Respuesta de las organizaciones de recicladores
Las 69 organizaciones de recicladores que conforman la Comisión de Recicladores han anunciado una serie de acciones legales para frenar la implementación del decreto. Entre estas se incluyen acciones de inconstitucionalidad, tutelas colectivas y recursos de reposición.
“No vamos a permitir que se destruya todo lo que hemos construido durante décadas”
“Este no es solo nuestro futuro, es el futuro ambiental de Bogotá lo que está en juego”.
Apoyo político y social
La causa ha recibido el respaldo de varios congresistas, entre ellos el senador Julián Gallo y el representante a la Cámara Carlos Carreño, quienes han anunciado su intención de presentar proposiciones en el Congreso para defender los derechos de los recicladores.
Además, organizaciones ambientalistas, académicos y líderes sociales han expresado su preocupación por los retrocesos que implicaría la implementación del decreto en materia de sostenibilidad y justicia social.